Habitamos y Resistimos: Comunidades denuncian criminalización y exclusión en Áreas Protegidas

Por: Un Nuevo Sol Rebelde
Ciudad de Guatemala, 5 de agosto de 2025

Tiempo de lectura 8 minutos

El pasado martes, 5 de agosto se realizó el foro “Habitamos y Resistimos: Derechos Humanos y Áreas Protegidas en Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón”, en Ciudad de Guatemala. El evento reunió a comunidades, organizaciones y defensores de derechos humanos para denunciar los impactos de la Ley de Áreas Protegidas y visibilizar las propuestas de las comunidades afectadas por más de tres décadas.

La actividad fue convocada por las Comunidades Multiculturales de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, en alianza con el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, el Bufete para Pueblos Indígenas, American Friends Service Committee, el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Movimiento de Organizaciones Sociales, Indígenas de Petén y el Observatorio de Industrias Extractivas.

“No somos invasores. Somos historia, lucha y resistencia”

Desde Petén, Cirilo, uno de los representantes comunitarios, abrió el foro con una voz clara:

“Nos han criminalizado, nos han perseguido, nos han desalojado… más de 55 comunidades y 60 mil personas seguimos sin respuestas del Estado. Pero también traemos propuestas. ”

El foro abordó las consecuencias sociales, ambientales y legales de la Ley de Áreas Protegidas, aprobada en 1989, y cómo su aplicación ha servido para desalojar y reprimir a comunidades campesinas e indígenas históricamente asentadas en estas regiones.

Everardo Reyes, delegado de las comunidades multiculturales, compartió cómo las familias llegaron al Petén por políticas del mismo Estado, abriendo caminos que más tarde serían utilizados por empresas extractivas.

“No nos consideramos invasores ni narcotraficantes. Somos pueblo, somos guatemaltecos que hemos resistido por más de 40 años.”

Reyes relató que en 2016 las comunidades entregaron una Propuesta de Desarrollo Alternativo, basada en cinco ejes, entre ellos el respeto a los derechos humanos, la protección ambiental y el desarrollo sostenible con enfoque comunitario. Sin embargo, nunca recibieron respuesta.

Noé Amador, defensor de derechos humanos, profundizó en la dimensión jurídica y humana del conflicto:

“…el Estado ha venido creando leyes discriminatorias, leyes que solo buscan el bienestar para unos pocos y no así para el pueblo guatemalteco…  son situaciones muy dolorosas para las familias que tienen que vivir esta situación, ya que tienen que vivir en condiciones inhumanas . ”

Describió con crudeza los efectos de los desalojos: mujeres perdiendo embarazos, familias durmiendo en champas de nailon, enfermedades sin atención médica. Enfatizó que las comunidades cuentan con propuestas viables, como la reforma a la Ley de Áreas Protegidas presentada en 2024, pero que el Congreso dictaminó desfavorable, argumentando que promovía la usurpación de estas áreas y que promovía también el deterioro de los parques naturales a nivel de estas comunidades y a nivel nacional.

Las comunidades también denunciaron que mientras a ellas se les persigue, empresas como Perenco, palmeras y ganaderas, continúan operando en las áreas protegidas con impunidad y responsabilidad directa en la destrucción ambiental.

“Si fuéramos realmente destructores, como ellos nos han criminalizado, ya el Petén estuviera desértico, sin embargo, los que han destruido realmente el bosque han sido las empresas palmeras y las empresas ganaderas, petroleras que están en el departamento ” subrayó Noé Amador.

La defensa de los derechos en territorios criminalizados

Juan Castro, abogado del Bufete de Derechos Humanos, explicó cómo el Estado ha usado el derecho penal para resolver conflictos sociales vinculados a la tierra. “El delito de usurpación de áreas protegidas fue creado en 1996, pero se está aplicando retroactivamente a comunidades que ya habitaban esas tierras antes de esa fecha. Esto es una violación constitucional”, señaló.

Castro expuso el caso de Jovel Tobar, un comunitario criminalizado y encarcelado por seis meses, enfrentando un proceso plagado de irregularidades. También denunció cómo el sistema de justicia ha sido cooptado por intereses externos, y que existe una práctica de aceptar cargos para evitar condenas más severas, aun cuando esto implica que las personas reconozcan crímenes que no cometieron.

“La aceptación de cargo es aceptar lo que se cometió en el hecho. Y aceptar lo que se cometió en el hecho es aceptar que somos criminales”, enfatizó el abogado.

El foro también abordó el rol del Estado como principal responsable de garantizar el derecho a la tierra. El artículo 68 de la Constitución Política de Guatemala establece que el Estado debe proveer tierras estatales a comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. 

Criminalización, despojo y desmemoria

Edgar Pérez, abogado defensor de derechos humanos, hizo un recuento histórico que conecta la invasión española, el colonialismo, los regímenes autoritarios y los proyectos extractivos modernos como expresiones continuas de despojo y racismo. Recordó que el racismo estructural ha justificado desde la esclavitud colonial hasta los desalojos violentos actuales:

“Hablar del racismo estructural en Guatemala es hablar de la historia viva. Ha existido desde la invasión hasta hoy. Sigue existiendo el racismo. Hay un trato inferior para quien se considera parte de un pueblo indígena.”

Se refirió en particular al caso de Laguna Larga, comunidad que lleva ocho años desplazada en condiciones infrahumanas, tras haber sido desalojada:

” ¿Cómo es posible que el Estado se  niegue a poder dialogar y encontrar una solución alternativa para la permanencia de las comunidades? Así es como se da el racismo y la criminalización. ¿Por qué? Porque paralelamente, también se sabe que en estas mismas áreas protegidas hay fincas ganaderas, está la misma empresa Perenco y otros negocios, que sí son permitidos por el Estado, pero los pueblos originales no son. “

El derecho a habitar y resistir

Javier Reyes, uno de los momentos más potentes del foro fue la intervención de Javier Reyes, quien puso sobre la mesa el concepto de justicia ambiental como una herramienta necesaria para comprender la realidad de las comunidades en áreas protegidas.

“ No estamos hablando sólo de la naturaleza, estamos hablando de derechos humanos de más de 60.000 personas. ”, sostuvo Reyes.

Durante su participación, denunció que la Ley de Áreas Protegidas, lejos de proteger el territorio, ha servido para excluir, criminalizar y despojar a las comunidades que ancestralmente han vivido en estas tierras.

“ No tiene sentido conservar la naturaleza, y que eso represente violar derechos humanos, no,  al contrario, más bien es de encontrar que habitamos en un mundo natural, y que por ello tenemos que saber encontrar el equilibrio justo para cuidar ese territorio, y las comunidades locales, indígenas, y campesinos, que se han demostrado ser naturalmente mejores de lo hecho. ”, afirmó.

Comunidades como guardianas del bosque

El foro también reafirmó que las comunidades locales no son una amenaza para la conservación, sino sus principales aliadas. Reyes destacó que los pueblos indígenas y campesinos poseen conocimientos ancestrales sobre los ecosistemas, y practican una gestión del territorio más sostenible que cualquier modelo impuesto desde fuera.

“Ya hablamos de que las comunidades, al tener muchos años, muchas generaciones viviendo en el territorio, pues tienen una relación ancestral y profunda con el territorio.  Conocen los ciclos naturales, conocen las especies nativas, conocen dónde están los ríos, los bosques, entonces son las que están en un mejor lugar para saber cómo conservar el territorio. ¿Por qué? Porque lo han hecho por décadas.”, enfatizó.

Reyes llamó a reconocer la gobernanza comunitaria como una vía real para la sostenibilidad ambiental y la justicia social.

“Un modelo de conservación que viene desde las comunidades, sin imposiciones coloniales ni estatales, es el que verdaderamente funciona.”

Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), presentó una investigación sobre el impacto ambiental, político y social que ha dejado la petrolera Perenco dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre. A nueve días del cierre de su contrato (número 285), las comunidades y organizaciones exigen rendición de cuentas y reparación integral.

“Perenco representa el campo petrolero mejor desarrollado del país… pero también el más contaminante”, denunció Muñoz. Según datos satelitales analizados por el observatorio, la zona de concesión ha perdido el 60% de su cobertura vegetal desde la prórroga otorgada en 2010.

 Un impacto que se reinyecta

El contrato de Perenco incluye más de 50 pozos, varios de ellos de inyección, que reinyectan agua contaminada al subsuelo para mantener presión en los reservorios. A esto se suma la quema continua de gas metano, y una infraestructura petrolera que abarca oleoductos, caminos y una mini refinería en La Libertad.

“La contaminación del agua ha sido documentada desde 2002 por el propio Estado. Pero en más de 20 años no se ha hecho un monitoreo adecuado”, afirmó Muñoz. También recalcó que gran parte de lo que se sabe es gracias a denuncias ciudadanas y esfuerzos científicos independientes.

 Sin plan ambiental, sin monitoreo de biodiversidad

Uno de los hallazgos más graves es que Perenco nunca presentó instrumentos ambientales aprobados. Ni al inicio del contrato, ni cuando declaró hallazgo comercial, ni en la prórroga. Los informes entregados omiten datos fundamentales sobre flora y fauna, en una zona declarada Sitio Ramsar por su riqueza ecológica.

“No puede ser que una empresa opere en un parque nacional sin siquiera monitorear cómo afecta a las plantas o animales”, sentenció Muñoz. “Y ahora que se van, no tenemos certeza real de qué dejan atrás.”

Según el observatorio, el gobierno está licenciando un “contrato de servicios petroleros de emergencia” para el cierre del campo. No hay claridad, ni plan público, ni garantía de que no se siga extrayendo petróleo. Además, una nueva iniciativa de ley (6575) propone reformas a la Ley de Hidrocarburos que podrían abrir la puerta a nuevas concesiones.

El foro “Habitamos y Resistimos” fue un recordatorio de que las comunidades no están solas. Que su lucha no solo es por permanecer en sus territorios, sino por el reconocimiento pleno de sus derechos, saberes y propuestas. En un país que sigue negando su diversidad y su historia, estas voces se alzan como faros de dignidad.