Muchos son los casos de desvíos y contaminación de ríos y lagos por empresas. El estado Guatemalteco ha sido insensible y totalmente ajeno a la búsqueda de las soluciones de esta problemática y las instituciones encargadas han jugado el papel de perseguir y criminalizar a quienes buscan la legalidad de sus tierras, a quienes defienden los ríos, los bosques la vida, mientras el estado no busque verdaderas soluciones en la adjudicación y priorice a la mayoría de la población, los problemas persistirán y se agudizará cada vez más. En este sentido, no son las comunidades las desestabilizadoras, ni las organizaciones sociales son las responsables de la problemática agraria, por el contrario son las empresas extractivistas.

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