La CEDAW, en el artículo 14, hace referencia al derecho de la mujer rural a gozar de condiciones de vida adecuadas, como un derecho humano. La mayoría mujeres indígenas vive actualmente en condiciones de pobreza, problema multidimensional que, en Guatemala, presenta enormes desafíos para contrarrestarlo.
El gobierno central sigue sin reconocer a las mujeres rurales -indígenas y campesinas- como sujetas de derechos, a pesar de que son las más afectadas en diferentes problemáticas como en el acceso a la tierra y al agua, por ello la demanda y exigencia al Estado para que este derecho humano prevalezca sobre cualquier otro interés.
Las mujeres rurales no solo viven la exclusión respecto a la tierra, sino se ven obligadas a buscar un espacio laboral que no les reconoce las mismas oportunidades por igual y, a pesar de que trabajan las mismas jornadas, los pagos son menores que el de los hombres, bajo un contexto de permanente acoso sexual.
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