Las estrategias de despojo, criminalización y persecución política, que usan las empresas palmeras, les ha funcionado para el acaparamiento de tierras en Petén.
El municipio de Sayaxché “Se encuentra conformado por 158 comunidades organizadas en 10 micro-regiones contando el área central, donde se ubica la cabecera municipal, según Plan de Desarrollo Sayaxché.
Es un municipio donde predomina la población indígena, según datos del XII censo Nacional de Población y VII vivienda, realizado en el 2018.
Las comunidades están organizadas por alcaldías auxiliares, son representadas por el presidente de los comités comunitarios de desarrollo (COCODES) y hay 10 que conforman el consejo municipal de desarrollo (COMUDE) juntamente con las autoridades municipales.
Las empresas de palma africana han expandido mediante el acaparamiento de tierra, para la siembra del monocultivo de palma aceitera, en Guatemala.
Antecedentes de contaminación ambiental en Petén y Alta Verapaz, ocasionados por empresas palmeras.
El ecocidio en Sayaxché, la Organización de Las Naciones Unidas (ONU) lo calificó como un “desastre ecológico”.
Desde hace algunos años las empresas de palma aceitera en Sayaxché, Petén, han despojando a las comunidades de sus territorios, con engaños, criminalizando a los líderes comunitarios que defienden sus derechos humanos, contaminando y desviando los ríos que sirven para abastecer de agua de consumo diario a las comunidades, que viven alrededor del municipio.
En el 2015 hubo un ecocidio, dejando una mortandad de peces y destrucción de fauna acuática, hecho causado por la empresa de Reforestación de Palma de Petén S.A. (REPSA) esto ocasionó fuerte daños ambientales en las comunidades de Sayaxché, puso en peligro la supervivencia de sus habitantes.
Este caso fue denunciado por varias organizaciones comunitarias, incluyendo al profesor Rigoberto Lima Choc, líder comunitario, habitante en la comunidad Champerico, de ese municipio, quien después de haber denunciado públicamente a la empresa REPSA, de ser la responsable de dicha contaminación ambiental, fue asesinado frente al Juzgado de Paz, en Barrio el Centro en Sayaxché, en ese mismo año 2015, se presume que el asesinato se debe a la represión en contra de los denunciantes, para acallar las voces e insertar el miedo en las comunidades, pues esta persona “era catalogado como una pieza clave en el caso”, según el medio digital, Prensa Comunitaria.
El 20 de marzo del 2017, sucedió otra contaminación del Río San Román, en Chisec Alta Verapaz, este echo fue comprobado por comunitarios y técnicos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) contaminación y mortandad de peces que afectó a la comunidad Esperancita del Río, Tierra Blanca y otras comunidades aledañas, en Sayaxché, la contaminación desembocó en Río Salinas, Frontera con Guatemala y México. En este caso se comprobó seis especies de peces muertos, hecho que las comunidades de Chisec, Alta Verapaz y Sayaxché Petén, según versión de comunitarios, quienes presenciaron la mortandad de peces, contaron que se debió al rebalse de las lagunas de oxidación de la planta extractora de la empresa Industrias Chiquibul S.A.
En marzo del 2018, Reforestadora de Palmas de Petén (REPSA), volvió a derramar aguas contaminadas al Río la Pasión, hecho que documento el Ministerio Público, sobre las aguas del Río, dejando mortandad de peces, cangrejos, tortugas muertas, varios comunitarios denunciaron esta contaminación. Estas empresas de palma son respaldadas por el estado de Guatemala, quién solo beneficia a las empresas palmeras con grandes extensiones territoriales, dejando por un lado la inconformidad de las comunidades indígenas de Sayaxché.
Durante el año 2020, hubo un desalojo de la comunidad Santa Elena, Río Salinas, donde un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil, llego a la comunidad, encerraron a las familias en sus viviendas para que nadie saliera y así pudieran ejecutar ordenes de captura en contra de líderes comunitarios.
La empresa de palma aceitera, Industrias Chiquibul S.A., durante el mes de noviembre del año 2020, emitió orden de captura en contra de cuatro comunitarios de Santa Elena Río Salinas, fueron encarcelados y acusados de detención ilegal, usurpación agravada y extorsión, este echo sucedió cuando ellos exigían prestaciones laborales y pagos dignos por el trabajo que habían realizado dentro de la empresa. Las empresas palmeras, además de todas las problemáticas ambientales, también causa explotación laboral, tanto a hombres como a mujeres les exigen jornadas laborales extensas con poco pago por mano de obra.
Un comunitario comenta:
“Yo soy defensor y amigo de varias comunidades, defendía los derechos laborales de los trabajadores porque el pago que le daban a la gente era de Q.20.00 a Q.25.00 trabajando todo el día, varios de la empresa industrial Chiquibul, nos acusaron de Rebeldía, la gerente de la empresa en ese momento que era Ana Patricia Andino, decía que la gente del área local cobraba caro, y que mejor iban a traer gente de afuera”
Con todo esto, está comprobado que las empresas de palma aceitera, violentan los derechos humanos, sobre todo de personas indígenas, quienes han sido desplazados de comunidades.
Estas empresas implementan estrategias para apropiarse de manera ilegal de sus tierras, talan grandes extensiones de bosques tropicales, consumen agua en grandes cantidades, contaminando los ríos de los cuales las comunidades del municipio de Sayaxché se abastecen para el consumo diario, contaminando con fertilizantes químicos, criminalizando a líderes comunitarios, cuando defienden sus derechos para tener una vida digna en sus comunidades.
“Las empresas de palma aceitera de Sayaxché, siguen con la criminalización de líderes de las comunidades que se encuentran en el área, donde siguen persistiendo hostigamiento, comprando voluntades dentro de las mismas comunidades, contratando gente para que mantengan e informen a las empresas, una forma de mantener control en las comunidades” (Comunitarios).
“LA TIERRA NO NOS PERTENECE, NOSOTRXS PERTENECEMOS A LA TIERRA”
